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QUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS

VISOCAN es una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo titular es la Comunidad Autónoma de Canarias cuyo objeto fundamental es la promoción de Viviendas Protegidas en todo el archipiélago canario. 

Paralelamente tiene la consideración de medio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

HISTORIA DE CUARENTA AÑOS DE ACTIVIDAD AL SERVICIO DE CANARIAS

El acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de octubre de 1977 autorizó al Instituto Nacional de La Vivienda (INV) y al Instituto Nacional de Urbanización (INUR) la constitución, junto con las Cajas de Ahorros de La Palma, la Caja Insular de Gran Canaria, la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias (SODICAN, entonces), de una Sociedad Anónima mixta con la denominación de Viviendas Sociales de Canarias, S.A., que se abreviará por VISOCAN, que tendría como finalidad la promoción de viviendas de protección oficial en cualquiera de los municipios de las islas. El escenario político de aquellos momentos estaba marcado por las primeras elecciones democráticas y los Pactos de la Moncloa, que consensuaban la política económica y social para un país que iniciaba la democracia en crisis.

La sociedad se constituye el 27 de diciembre de 1977 con un capital social de 720 millones de pesetas, firmándose la escritura de constitución en acto bajo la presidencia del Ministro de  Obras Públicas, el político liberal, Joaquín Garrigues Walker. El 1 de febrero de 1978 se abren oficinas en S/C, en Villalba Hervás 4, y en Las Palmas en Luis Doreste Silva 101, donde aún continúan. 

La actividad se inicia rápidamente con el Consejo de Administración de 7 de febrero de 1978 celebrado en Las Palmas de Gran Canaria que acuerda poner en marcha la primeras promociones de viviendas sociales. En el primer año de funcionamiento se alza la ejecución de 1.610 viviendas que constituirán el quehacer de la empresa en  años sucesivos. 

En 1984, tras la firma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se producen las transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma. Esta pasa a ser la titular mayoritaria en la sociedad. Al siguiente año, 1985, se materializa el  relevo en la presidencia de VISOCAN que ocupará un miembro del Gobierno Autonómico, el entonces Consejero de Obras Públicas. A partir de ese momento, VISOCAN ejecuta mandatos del nuevo titular iniciándose la firma de los primeros convenios, con la Consejería de Obras Públicas, para la promoción pública de viviendas. Al mismo se incrementa la promoción privada de viviendas de protección oficial debido, fundamentalmente, a la ausencia de la iniciativa privada centrada, en la época, en el sector del turismo. Así, en mayo de 1988 el Consejo de Gobierno aprueba el Primer Plan Canario de Vivienda, de carácter cuatrienal, con cuatro programas denominados A B, C, y E para construir 7.205 viviendas en prácticamente todos los municipios de Canarias, jugando VISOCAN un papel decisivo en el desarrollo del programa “A”, y posteriormente, el “V”.

En 1993 la Comunidad Autónoma queda como único accionista.

En 1994 se firma el Primer Convenio con la Consejería de Obras Públicas, Viviendas y Aguas junto con la Consejería de Economía y Hacienda por el que se construyeron 2.902 viviendas financiando a su costa, con créditos hipotecarios, la construcción de ese parque. A este Convenio siguieron otros tres firmados en 1.998 (1.031 viviendas), 2.003 (579 viviendas) y 2.008 (15 viviendas). Este conjunto de  4.527 viviendas de de régimen especial en alquiler conforma parte del parque de viviendas cuyos moradores, son seleccionados, en proceso de adjudicación, por el Instituto Canario de la Vivienda. 

En 1997 se amplía el objeto social, por decisión del accionista único, creándose el área de infraestructuras. Como resultado de ello pasa a denominarse la sociedad Viviendas Sociales e Infraestructuras de  Canarias, S.A.U. pero conservando su acreditado acrónimo de VISOCAN. 

Desde 2001 se reconoce a VISOCAN la condición de medio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.